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 Nota facilitada por: Maguie




 

UN VIACRUCIS EN BUSCA DE LA ANHELADA JUSTICIA

El ombligo de Venus
Edith González Fuentes
27 de Enero de 2008

Alguna vez cuestioné a un buen amigo francés acerca del por qué los inversionistas de su país no arriesgaban más dinero en México.

La conversación se llevó a cabo en los tiempos en los que López Obrador y sus seguidores tenían paralizada gran parte del centro de la ciudad de México.

Aunque la respuesta no necesariamente representa la mentalidad de todos los inversionistas franceses, refleja una realidad que no se puede negar.

En aquel momento pensé que la toma de las calles era un motivo más que suficiente para espantar al dinero francés. Me equivoqué.

Las razones expuestas giraron en torno a la inseguridad jurídica. En Francia, un juicio promovido por controversia mercantil tarda en resolverse unos seis meses. Acá nos llevamos la friolera de dos años, y de ser la resolución favorable a uno, comienza entonces el calvario para hacer efectivo el dictamen, es decir, agregue otro año más y pesos por aquí y por allá.

Todos conocemos casos penosos cuyo resultado es que los mexicanos no confiamos en las instituciones de impartición de justicia, pese a que reconocemos que contamos con una excelente Constitución.

Memo, un joven que se gana la vida lavando coches en el estacionamiento de un deportivo (aparte tiene otra “chamba”), no encontró su automóvil en una fría y gris tarde de diciembre: la Navidad parecía oscurecerse.

Una parte de su patrimonio le había sido arrebatado, se sintió derrotado, con rabia. El Ministerio Público del DF inició la averiguación previa y a través de LOCATEL supo que su nave estaba abandonada en un callejón difícil de ubicar en el mapa de la inmensa zona metropolitana.

Tarde, resignado, cabizbajo, inició la búsqueda ¡Por fin! Un telefonema de una oficina del Ministerio Público del estado de México hizo renacer sus esperanzas, con la orden de liberación se fue al depósito de vehículos (corralón) de Lechería Texcoco.

La sorpresa, la indignación fue mayúscula, los servidores públicos, esos que prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, le exigieron dinero para liberar su propiedad. No sólo fue uno más de los cientos y cientos de víctimas de la delincuencia, de los cientos y cientos de ciudadanos que ven violado su derecho humano a un patrimonio, ahora descubre que tampoco puede aspirar a la certeza jurídica.

Con rabia contenida, soltó sus ahorros; parte del esfuerzo laboral con el que forjó ilusiones fue a parar a las cómodas manos de la corrupción. Le robaron 13 mil pesos; además, por supuesto, no le dieron ningún tipo de recibo.

Por los rumbos de Ecatepec, a un conocido le robaron su camioneta a las puertas de su casa. A los dos días le llamaron, la policía judicial tenía su unidad. El motor estaba extremadamente dañado, la explicación fue que unos jóvenes la usaron para delinquir.

Le pidieron que se desistiera de la acusación. Él explico que sólo denunció el robo de su vehículo sin acusar a nadie en concreto. Bueno, hasta elementos de la policía judicial intervinieron para que no levantara cargos. Repararon los daños de la camioneta y se la entregaron.

Quiero suponer que la familia de uno de los jóvenes delincuentes pagó a la policía para que dejaran en libertad a su pariente. El hecho quedó impune, el afectado no estuvo de acuerdo en la conclusión del caso pero ¿qué hacer? ¿cómo confiar en los judiciales?

Sin importar en este momento quién tiene la razón, uno se pregunta ¿cómo es posible que después de meses en huelga, se declare la no existencia de la misma y al otro día la fuerza pública golpee a los mineros de Cananea con furia inusitada? Parece una manera de negar un derecho.

Los expertos lo comentan: desaparecer los tribunales laborales tal y como existen a cambio de crear juzgados que dejen a un lado los criterios políticos en sus determinaciones es un objetivo que debemos apoyar todos.

Evitaría que se den casos como éste: en una reunión platicaron sobre una dirigencia sindical que con artimañas legales prolongó su periodo directivo.

Los afectados recurrieron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y a punto de que concluya la gestión irregular, el Tribunal no ha dictado sentencia, o sea, que cuando lo haga —y parece que esa es la intención— el efecto práctico quedará nulificado.

Cuando uno se entera de estas barbaridades, entiende la desesperación de los mexicanos que exigen justicia en las calles o se declaran en huelga de hambre.

De surrealismo parece un desplegado en el que se explica el viacrucis del proceso legal vivido por la familia propietaria de la empresa que produce el té Laggs. Y ya existe un ganador —en el papel—, pero no pueden ejercer su derecho adquirido por motivos extra legales.

En parte, es por ello que no recurrimos a los tribunales, es desgastante y se corre el riesgo de no llegar a puerto pese a contar con todos los elementos para hacerlo. Mientras esta situación prevalezca, la corrupción irá de la mano con ella.

Muchos mexicanos aprendimos en la escuela que el objeto del ejército es resguardar la seguridad nacional y que en tiempos de paz permanecen en los cuarteles.

Independientemente de lo noble y necesario de la medida, que el ejército tome el control de zonas geográficas de Tamaulipas y realice funciones de policía, da la impresión de que no se cubren los requisitos legales para tal acción.

En ese sentido se ha pronunciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De tener fundamentación, me parece que se nos debería explicar. En un país supuestamente democrático, sin haber rendición de cuentas a la sociedad, tal legalidad queda en franca duda.

Un breve parpadeo: después de leer el informe 2007 de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pugnemos, exijamos, que las instituciones del Estado mexicano nos regalen para el 2008 un digno informe con una hoja de contenido.

El Universal (27 de Enero de 2008)
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