El ombligo de Venus
Edith González Fuentes
02 de Agosto de 2007

El tema de la prostitución infantil no es una vergüenza reciente, un mal generado por la globalización; ha existido durante siglos.

Ni la Ilustración o el advenimiento de los Estados de derecho, ni la difusión de los valores o los derechos humanos han exterminado esta plaga. Lo que es más, la crisis económica de 1977 en Asia y la caída del muro de Berlín intensificaron el problema, pues se trata de un negocio que genera ganancias millonarias.

Otro factor fundamental en su crecimiento es que muchos pedófilos visitan los países en los que saben que se practica, sólo por cortos periodos de tiempo y, por lo tanto evaden con facilidad cualquier proceso judicial.

La prostitución infantil es la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de una remuneración económica o cualquier otra forma de retribución (según el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, al ser una actividad demandada e ilícita, se convierte en una jugosa fuente de ingresos para quienes “administran” a los pequeños).

El tráfico de personas se explica así en el mismo protocolo: consiste en todos los actos que implican el reclutamiento o transporte de personas adentro o entre fronteras, implica engaños, coerción o fuerza, esclavitud por deudas o fraude, con el propósito de colocar a las personas en situaciones de abuso o explotación, tales como la prostitución forzada, prácticas de tipo esclavista, golpizas o crueldad extrema, trabajo en condiciones de explotación o servicios domésticos explotadores.

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño considera al niño como una persona menor hasta los 18 años de edad cumplidos. Desafortunadamente, esto no aplica a cabalidad, pues depende del criterio de las leyes nacionales, las que por lo general tienen otros límites de edad.

Por ejemplo, en algunos países las mujeres obtienen la mayoría de edad al contraer matrimonio, y por lo tanto no son protegidas hasta los 18. Sería una gran aportación de la diplomacia mexicana promover —y obtener— en la ONU que todos sus miembros se obliguen a reconocer la edad de consentimiento hasta los 18 años de edad.

Los menores que son obligados a dedicarse a esta actividad provienen esencialmente de los cinturones periféricos y de las zonas marginadas de las grandes urbes, sin olvidar a los niños que escapan de casa por diversos motivos (violencia, desintegración, abandono, etcétera).

Personas adictas a la heroína u otras drogas son las encargadas de reclutar a las víctimas para los traficantes, a cambio de dinero o dosis. Aunque también se ha detectado que, sobre todo en los países desarrollados, la juventud de clase media se prostituye como un medio para aumentar sus ingresos económicos; el consumismo llega a niveles delirantes.

Los menores que caen bajo el control del crimen organizado tienen escasas posibilidades de salvarse; o son vendidos al extranjero, asesinados, o mueren de sobredosis de drogas o de congestión alcohólica, sólo unos cuantos recuperan la libertad a manos de la policía. Y para éstos, el futuro son traumas síquicos y físicos.

Algunos números hielan la sangre. Por un lado, se realizan más de 600 millones de viajes turísticos al año en el mundo; aproximadamente 20% de los turistas reconoce que busca tener relaciones sexuales en su travesía, de los cuales tres millones admiten tendencias pedófilas.

En Estados Unidos y Canadá se prostituyen más de medio millón de menores; en Asia son obligados a la prostitución cerca de un millón.

Se calcula que en el año 2000, más de 50 mil niños prostituidos murieron contagiados de Sida. Más o menos 80% de los pequeños explotados sufrieron abuso sicológico o físico en sus familias.

Entre 100 y 200 dólares es el precio de niñas traídas de Centroamérica a nuestro país. Cinco mil de los 10 mil niños de la calle que hay en la ciudad de México, han sido utilizados para realizar películas pornográficas o para introducirlos a la prostitución homosexual.

Es casi imposible saber la cantidad de niños que son explotados por la industria del sexo, a la fecha no se ha desarrollado una metodología que nos permita acercarnos a la cruel verdad; su posible incremento o disminución depende de factores como la moda, los escándalos, la conciencia sobre su trascendencia o la voluntad de informar. Lo que es cierto es que existen millones de niños explotados comercialmente en la prostitución.

En México se ha detectado prostitución infantil en 22 estados, o sea, en 70% del territorio nacional. Esto puede ser traducido como el arraigo de esta vomitiva actividad ante la indiferencia de los gobiernos. Más de 30 mil niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual y en su mayoría ejercen la prostitución en zonas turísticas. El 80% son niñas de entre 10 y 14 años de edad (Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos).

Esos menores ven truncado su derecho a disfrutar su niñez y es casi seguro que, de librarse de ejercer la prostitución, tendrán consecuencias serias, de por vida, que pueden amenazar su desarrollo físico, sicológico, moral y social. Es sabido el poco éxito de los programas de rehabilitación, desde el punto de vista de impedir que el niño prosiga en la prostitución, y el de su integración a una vida socialmente estable.

Juan Miguel Petit, relator especial sobre Venta de niños, Prostitución y Pornografía infantil, concluyó, después de visitar varios estados de la República, que en la sociedad mexicana existe la conciencia de que las instituciones estatales no están capacitadas para enfrentar la realidad de esta lacra; no obstante, ya se percibe un reconocimiento de los gobernantes sobre la gravedad del problema. “Con políticas públicas elaboradas hace 20 años no se pueden solucionar problemas de hoy, que además se encuentran en constante mutación”.

No se puede dejar la “solución” en el mero asistencialismo, se requieren políticas eficaces que ataquen el problema de raíz.

Comparto las afirmaciones del funcionario de la ONU; la sociedad entera debe participar en la solución de este gravísimo problema, que no es sólo un problema jurídico o moral, tiene además múltiples dimensiones y a ellas se deben abocar las políticas públicas con el apoyo decidido de la sociedad civil ¡No envenenemos más a nuestra niñez y juventud! En la reforma del Estado se debe contemplar el desarrollo económico que sea base para una sociedad más justa, con una mejor distribución de la riqueza y menos asistencialismo.

Un breve parpadeo: en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el periódico joven… a los 90 años, publicó en primera plana la noticia de que casi una cuarta parte de los 27 millones de jóvenes del país no estudian ni trabajan, y lo más alarmante, 5 millones tienen pocas oportunidades de entrar a la Población Económicamente Activa. Esto, comparado con los ingresos y canonjías de los diputados —publicados esta semana— nos da una idea del país que estamos construyendo.